La transformación requiere la sincronización rápida de las normas a la sociedad. Para ello es necesario tener indicadores de los cambios y estructuras que faciliten su incorporación al sistema legal. La disposición de datos a través del sistema de gestión procesal electrónico y de la Inteligencia artificial es un soporte fundamental para poder hacerlo, para lo que se necesitan algunos instrumentos estables que los procesen.

Se van a desarrollar tres líneas:

• Lab normativo. Hay temas sobre los que todavía no existe acuerdo social y que requieren debate. Éste se produce, muchas veces, exclusivamente en los medios de comunicación, pero debe hacerse también en lel ámbito social y científico. Se va a poner en marcha un “Lab normativo” donde temas complejos puedan debatirse con pros y contras con el mundo académico y la sociedad civil implicada en cada uno de ellos. El objetivo es ir procesando los aspectos complejos para facilitar el debate en la opinión pública.
• Informe sobre conflictividad y cohesión. A partir de los datos recogidos en el Servicio Público de Justicia –conflictos que se resuelven en Medios Adecuados de Solución de Controversias, los que pasan a la jurisdicción y se resuelven antes de la sentencia, los que llegan a ser sentenciados, los ejecutados,…- se va a desarrollar una batería de indicadores agregados para medir la resiliencia de la sociedad para resolver los conflictos.
  El informe tendrá carácter anual y se obtendrá a partir de los insumos de la Plataforma de datos (26.1).
• Evaluación de eficacia normativa. Se va a desarrollar una metodología partiendo de los datos recabados por la Plataforma de Datos. El objetivo es analizar las iniciativas legislativas a partir de datos empíricos sobre los problemas que quieren resolver y, una vez puestas en marcha, poder evaluar su impacto sobre dicha realidad.