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  • Proceso

    Justicia 2030 es un plan de trabajo común a 10 años, desarrollando en cogobernanza, que impulsa el Estado de Derecho y el acceso a la Justicia como palancas de la transformación de país. Una estrategia para la transformación del Servicio Público de Justicia.

    La calidad del Estado de Derecho y un Servicio Público de Justicia accesible y eficiente aseguran los derechos y libertades, promueven el desarrollo económico, el crecimiento inclusivo y un clima adecuado para las inversiones.

    Una transformación de este tipo no se puede improvisar, requiere tiempo y una implantación programada que no afecte a su funcionamiento habitual. Se hace en el ámbito de uno de los pilares del Estado de Derecho y, por su duración, va a ser desarrollada por distintos equipos de gobierno, por lo que su base son el diálogo, la transparencia y la cogobernanza. La meta es que en diciembre de 2030 se hayan ejecutado todos los proyectos, los indicadores de ejecución estén en los parámetros esperados y las nuevas políticas públicas formen parte estructural del Servicio Público de Justicia.

    Es una estrategia de transformación que sólo incide en aquellos puntos que tienen mayor impacto en el sistema o que han quedado desfasados y ya son poco operativos. No se trata de introducir cambios en cada uno de los componentes del Servicio Público de Justicia, sino de generar transformaciones en puntos que tienen efecto sistémico en el ecosistema Justicia. 

    Los proyectos de Justicia 2030 se están desarrollando desde marzo de 2020 y arrancaron junto con el denominado “proyecto 0” que incluía cuestiones como el teletrabajo, la cita previa o la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. Una vez hecho el diagnóstico y con la urgencia de la pandemia, se han ido aplicando progresivamente en permanente ajuste con la realidad. No es un plan estratégico al uso con carácter lineal, sino una estrategia que comienza en el momento de empezar el diagnóstico y que se va desarrollando con carácter orgánico involucrando a otras instituciones – Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, gobiernos autonómicos, Ministerios y organizaciones de la sociedad civil-. La impulsa el Ministerio de Justicia, pero sólo puede desarrollarse plenamente en una lógica de cogobernanza y corresponsabilidad donde los objetivos comunes difuminan la rigidez de la distribución de competencias. 

    Justicia 2030 es la concreción del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para el Servicio Público de Justicia. La estrategia nace del diagnóstico. Las necesidades consecuencia de la pandemia la aceleran y la hacen parte de la construcción del proyecto de país. La estrategia se va a desarrollar, hasta 2026, con un plan financiero definido y con exigencias de rendición de cuentas. 

    Justicia 2030 tiene un primer plan de acción hasta diciembre de 2023. En él se incluyen las acciones necesarias para la puesta en marcha, implantación y la ejecución de muchos de los proyectos.

  • Cogobernanza

    La cogobernanza, una pieza central en la mejora del Servicio Público de Justicia, y también lo es en el gobierno interno del Plan. 

    Oficina de Proyectos Justicia 2030. Es la estructura del Ministerio de Justicia que se ocupa del impulso del Plan y de la gestión financiera simultáneamente.

    La cogobernanza con las comunidades autónomas amplía las estructuras existentes, ensanchando los espacios de diálogo e información. 

    La Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia) es el órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas en materia de provisión de medios materiales, económicos y personales necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

    Justicia 2030 va a ser expuesto y consensuado de forma permanente en la Conferencia Sectorial con las CCAA. 

    La gestión del ecosistema digital y el sistema de gestión procesal va a requerir una arquitectura de cogobernanza más robusta y estable que debe gestarse en el marco de la propia Conferencia sectorial, partiendo de la experiencia del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE). 

    La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está en proceso de la creación en su seno de una Comisión de Justicia. Esta Comisión va a ser el espacio de cogobernanza de los proyectos de Justicia 2030 que impacten directamente en el territorio municipal. 

    La gobernanza con otros Ministerios se va a realizar bilateralmente en aquellos proyectos de impulso común. 

    Destaca también, la puesta en marcha de un grupo de trabajo interministerial, que asegura la coordinación de los proyectos.

    La Oficina de Proyectos está compuesta por un equipo de planificación y gestión económica. 

    Los equipos de trabajo de los subproyectos están formados por personal de diferentes áreas del Ministerio de Justicia. En cada uno de ellos la dirección la asume un centro directivo, hay un/a jefe de proyecto que lleva la dirección operativa y que forma parte del personal del Ministerio; y un enlace que asegura que la información se incorpora al sistema y se conecta con el resto de la planificación. La función de enlace recae en los asesores/as, que además están en la estructura de la Oficina de Proyectos. 

    La Oficina de Proyectos, además de las funciones de impulso de la ejecución del Plan y de gestión económica, tiene la función de asegurar la transferencia de los proyectos a la estructura del Ministerio de Justicia. La Oficina de Proyectos nace asociada al Plan y debe terminar su función cuando éste finalice. En el año 2030 los resultados de los proyectos y sus funciones deben estar transferidos a la estructura administrativa. 

    Al frente de la Oficina de Proyectos existe una dirección colegiada que da seguimiento y asegura la adecuación de la ejecución de los proyectos a los programas y objetivos establecidos en el Plan de acción, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como la coordinación y alineación entre todos ellos.

  • Implantación

    Justicia 2030 se implanta de forma progresiva. Los primeros proyectos se están desarrollando desde el comienzo de la pandemia y esta progresividad se va a mantener a lo largo de los diez años de la estrategia.
    Para el proceso de implantación se han de tener en cuenta algunos aspectos:

    • El normal funcionamiento del Servicio Público de Justicia no puede verse afectado. Este criterio es especialmente significativo para la puesta en marcha de desarrollos digitales. 
    • La naturaleza de la transformación es estructural y las decisiones que se tomen generan estructuras. Sirvan de ejemplo los Tribunales de Instancia o el ecosistema digital; una vez tomada la decisión al respecto las inversiones y los cambios normativos dificultan la paralización de las decisiones, por lo que el diálogo y la cogobernanza son piezas clave. 
    • Los proyectos se construyen con modelos de extensión y no con pilotos. Estos últimos se aplican en proyectos que sirven de prueba para luego poder tomar decisiones. Los modelos de extensión son posteriores a la toma de decisión y sirven para el aprendizaje en proyectos que se implantan poco a poco y de forma programada.

    La implantación está basada en los condicionantes financieros y de rendición de cuentas del fondo Next Generation EU. La evolución de los indicadores de medida y de las inversiones van a marcar un ritmo de ejecución. 

    Además, hay que tener en cuenta el proceso de transferencia en la propia Administración de Justicia. Una parte de los proyectos reorientan el desempeño normal de áreas de la Administración de Justicia. Otra parte aborda acciones que hasta ahora no tenían soporte estructural -Oficinas de Justicia, MASC-. Para éstos últimos es necesario un proceso de reorganización de las estructuras. Para ambos hay que diseñar un proceso de transferencia. En el año 2030 todas las acciones tienen que tener un respaldo administrativo en las estructuras institucionales tanto del Ministerio de Justicia como, en algunos casos, en el del resto de administraciones con competencias en materia de Justicia.