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  • El cambio es un hecho, el objetivo es convertirlo en transformación mediante políticas públicas que aseguren las estructuras para las próximas décadas.

    La situación creada por el COVID-19 acelera el proceso de transformación en marcha.

    El mundo está cambiando con rapidez. En los últimos diez años la emergencia climática y la revolución digital han variado la naturaleza de la agenda social, económica y ambiental. Los problemas han cambiado, también la manera de abordarlos. La sostenibilidad se ha colocado como elemento central, trayendo de su mano nuevos valores y criterios para la política pública. Cuestiones que antes no eran prioritarias ahora son urgentes. Por su parte, la revolución digital ha introducido nuevos instrumentos que varían la forma de trabajar. Los datos son ahora un recurso valioso en torno al cual se diseñan los procedimientos. Es una sinergia que cambia estructuralmente el contexto en el que vivimos.

    Mientras se producía este cambio estructural ha llegado la pandemia que ha profundizado los problemas y hecho más urgentes las soluciones. El cambio es un hecho, el objetivo es convertirlo en transformación mediante políticas públicas que aseguren las estructuras para las próximas décadas. La situación creada por el COVID-19 acelera el proceso de transformación en marcha.

    El Servicio Público de Justicia no es ajeno a esta transformación. Por un lado, varían los conflictos en una sociedad en transición; por otro, la crisis resultado de la pandemia exige una mayor eficiencia de la Justicia. Se abre la oportunidad de mejorar la gestión a partir de los datos, haciendo los procesos más eficientes y accesibles. Se tiene la responsabilidad de aportar a la profundización del Estado de Derecho en un momento de máxima actividad legislativa fruto de la transformación.

    Este contexto complejo es una oportunidad para la transformación del Servicio Público de Justicia. 

    La manera de hacerlo, incorporando nuevas herramientas que permiten ensanchar su acción y conectarla con otras administraciones. Es una evolución importante, pero medida. Una adaptación a las demandas de la sociedad y a sus formar. Con el reto de no dejar a nadie atrás. La sociedad va a ser más verde y más digital, tiene que ser menos desigual. La Justicia tiene que contribuir a que esto sea efectivo.
    Una transformación de este tipo no puede hacerla una administración aisladamente. La cogobernanza, en este momento, se convierte en un elemento central en cualquier política pública. En el ámbito de la justicia, con las Comunidades autónomas y las instituciones que forman parte de su gobernanza. Fuera del ámbito de la justicia, con otros ministerios e instituciones que permitan hacer eficientes los esfuerzos y las inversiones. La transición ecológica, la gestión de los datos, el reto demográfico, la cohesión, la reducción de la desigualdad o la recuperación económica son retos que ponen en primer lugar las necesidades de la ciudadanía y difuminan la estricta mirada sobre las competencias. El impulso del proyecto de país requiere de una cooperación renovada para disminuir la incertidumbre propia de toda transformación.

  • La Justicia hoy

    ¿En qué punto está la justicia?

    En España hay alrededor de 70.000 personas trabajando directamente en la Administración de Justicia: 5.500 jueces y juezas, casi 2.300 fiscales, 4.300 letrados y letradas de la Administración de Justicia (LAJs), más de 14.500 gestores procesales, 22.700 tramitadores procesales, más de 9.700 auxilios judiciales, 1.144 forenses, más de 200 facultativos y facultativas, 100 técnicos especialistas y 120 ayudantes de laboratorio; además de los más de 7.000 jueces y juezas de paz.  Además de los 2.000 funcionarios y funcionarias de la administración General del Estado y de las Comunidades autónomas (CCAA) con competencias en materia de Justicia entre los que se encuentra la Abogacía del Estado.

    Así mismo, existen otros operadores que, sin ser empleados públicos, forman parte del Servicio Público de Justicia permitiendo, facilitando y, en definitiva, asegurando la relación de la ciudadanía con la Justicia: 155.000 abogados y abogadas ejercientes, 11.000  procuradores  y procuradoras, 14.500 graduados y graduadas sociales ejercientes, 3.000 notarios y notarias, y 1.100 registradores y registradoras. En total, alrededor de 254.000 personas forman parte del servicio público de justicia.

    Además, dando soporte a todo el servicio, se encuentra el personal laboral que permite llevar a cabo los servicios de interpretación y traducción, peritación, mantenimiento y limpieza de sedes, archivo y depósito de bienes, formación, desarrollo y evolución de aplicaciones informáticas, mantenimiento de equipos, etcétera. Estos colectivos son los que hacen posible que el Servicio Público de Justicia se preste en unas buenas condiciones.

    La Administración de Justicia dispone de más de 1400 sedes judiciales repartidas por todo el territorio. El Ministerio de Justicia también dispone de 14 sedes administrativas a las que se suman las de las Comunidades Autónomas.

    El presupuesto agregado del Ministerio de Justicia y de las Comunidades autónomas que han asumido las competencias en materia de justicia es de aproximadamente 4.200 millones de euros anuales. Cuantitativamente las cifras son elevadas, pero en comparación con otras áreas de la Administración, el peso de la Justicia no es relativamente grande. Cualitativamente su peso se mide en la importancia que su función tiene en el Estado de Derecho y en la cohesión social, que es esencial. Si no funciona la Justicia, el Estado de Derecho se paraliza.

    La Justicia funciona. Sin embargo, el esfuerzo realizado por tantos profesionales y con tantos recursos no está teniendo el resultado que la ciudadanía demanda.  

    El primer barómetro de opinión realizado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el Servicio Público de Justicia fue en 1984. En ese momento el 21% de los españoles opinaba que la Justicia funcionaba mal o muy mal. La última vez que se hizo esa pregunta fue en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS de julio de 2019) y el porcentaje de los que tenían esa opinión ascendía al 48%. En esta misma encuesta, el 61% considera que los medios con los que cuenta la Justicia son insuficientes y las tres primeras carencias señaladas son: falta de jueces, falta de medios informáticos y falta de personal auxiliar.

    Los datos  muestran  otro  diagnóstico si se toman como referencia las tres carencias señaladas. En los últimos 20 años el número de jueces en España ha aumentado prácticamente un 50% al pasar de 3.748 a 5.593. Sin embargo, el número de asuntos resueltos en los tribunales ha descendido en un 5%.

    En relación con los medios informáticos, en el último informe elaborado por la CEPEJ (Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia) España lidera, junto a Estonia y Austria, el ranking del índice de equipamiento en tecnologías de la información en el sistema judicial. El gasto por habitante en dichas tecnologías está por encima de la media europea. Sin embargo, el resultado es la existencia de distintos sistemas de gestión procesal, según la comunidad autónoma , que no son interoperables entre sí.

    Por último, en cuanto a la suficiencia de personal auxiliar, el número de personas que trabaja en la Administración de Justicia que no son jueces es casi el doble que la media europea. Así se indica en el último informe del CEPEJ al situarse España con 105,7 por cada 100.000 habitantes, frente a los 55,7 de media.

    En definitiva, la idea que tiene la opinión pública en relación con la carencia de medios en la Administración de Justicia no está refrendada por los datos. Según el informe del CEPEJ (2018) el gasto en Justicia en España era de 79,1€/habitante, por encima de la media europea establecida en 64 €/habitante.

    No es sólo cuestión de recursos económicos y humanos. Más allá de comparaciones con otros estados de nuestro entorno, al analizar el funcionamiento de la justicia española vemos que, además de a los recursos, el problema también se debe a unas estructuras y medios no del todo eficientes. En los últimos 10 años el número de asuntos ingresados en nuestros tribunales ha descendido un 34% al pasar de 9.567.676 asuntos en 2009 a 6.279.302 en 2019. Este descenso, junto con el incremento de órganos judiciales y de medios personales y materiales experimentado en dicho periodo, debería haber supuesto una importante mejoría en la situación del Servicio Público de Justicia. Sin embargo, en este periodo de tiempo la duración media estimada de los procedimientos en el conjunto de las jurisdicciones han pasado en primera instancia de 66 días en 2009 a 162 en 2019. En la segunda instancia el crecimiento es similar al haber pasado de 63 a 138 días, y todo ello pese a la dedicación de jueces, magistrados, fiscales, LAJs y resto de personal al servicio del Administración de Justicia.

    A pesar de que el número de asuntos ingresados desde 2015 se ha reducido un 26% y que el número de asuntos resueltos se ha reducido un 29,8%, el número de asuntos en trámite ha aumentado un 16,4%. Las tasas de pendencia no han mejorado, hemos pasado de una tasa del 0.28% en 2015 al 0.47% en 2019. Situación que previsiblemente se verá agravada por el impacto del COVID-19.

    Teniendo en cuenta que los recursos económicos y humanos se encuentran en rangos superiores a la media europea; y que el incremento en el número de jueces, fiscales y personal al servicio de la Administración de Justicia y las inversiones en medios informáticos han sido muy relevantes en los últimos años, se aprecia que todo ello no ha tenido el impacto previsto sobre el número de asuntos resueltos. Sería necesario ampliar la perspectiva para preguntarse cuáles son los puntos clave que dificultan la eficiencia y requieren de un impulso diferente.

    Un análisis en profundidad permite ver que el problema tiene varias causas simultáneas:

    • Ineficiente asignación de recursos.
    • Organización compartimentada y poco flexible.
    • Modelo de gobernanza poco efectivo.
    • Normas y procedimientos desactualizados

    Las soluciones puramente incrementalistas no son suficientes. Hacen falta, además:

    • Estructuras organizativas eficientes, flexibles e innovadoras.
    • Nuevo modelo de cogobernanza.
    • Mejora regulatoria en el marco del Estado de Derecho.

    Los diferentes impulsos en los últimos diez años, aunque han mejorado la Justicia, no han tenido el resultado que se preveía. En este momento, el contexto internacional y nacional ha cambiado mucho, muy rápido y ha generado un nuevo marco para las políticas públicas que fuerza una adaptación que también afecta a la Justicia. Es un problema que hay que convertir en oportunidad.

  • Una sociedad en cambio

    Una sociedad en cambio

    A la crisis de 2008 entramos con un problema económico y diez años después salimos con una emergencia climática y una pandemia. Nos situamos ante una agenda de naturaleza diferente que muestra un cambio de ciclo que afecta en profundidad a la sociedad a la economía y al medio ambiente. Son cuatro los elementos que marcan este proceso:

    El cambio climático.

    El Parlamento Europeo declaró la emergencia climática y ambiental en diciembre de 2019.

    En España, el Consejo de Ministros, la declaró en enero de 2020. El cambio climático es el problema, la respuesta es la transición ecológica que tiene una agenda nueva. Es transversal e involucra a toda la sociedad y a todas las Administraciones. Por un lado, cambia la dinámica social porque define un objetivo global compartido. Las tensiones sociales entre intereses diversos donde unos ganan y otros pierden se supeditan a un interés compartido mayor, que haya futuro; toda la sociedad gana o toda la sociedad pierde. Es una perspectiva distinta de los conflictos. Por otro, no se puede abordar de forma sectorizada, no es sólo cuestión de un área de la Administración, es de todas. La transición ecológica cambia al¬gunas perspectivas de la gestión pública y los indicadores de medición. La eficiencia ahora es sostenibilidad económica, social y medioambiental- y no sólo un indicador económico. 

    La digitalización.

    Es la nueva revolución industrial. Como las anteriores supone un cambio en la matriz energética –del petróleo a las energías renovables-, pero sobre todo trae de la mano el uso de los datos como materia prima. Pasamos de sistemas analógicos con ordenadores a sistemas digitales cuya base es el dato. Cambia la forma del trabajo, del consumo, de la cultura y hasta de la vida privada que se introduce en las redes. El adecuado tratamiento de los datos permite mejorar la eficiencia, la descentralización, la gestión común deslocalizada y la inmediatez; pero también implica retos para el Estado de Derecho. Se ha de asegurar la incorporación de nuevos derechos como señala la Carta de Derechos Digitales. Cam¬bia la forma de gestión de la Administración y abre grandes oportunidades en España, el segundo país del mundo con más teléfonos inteligentes por habitante. 

    La desigualdad.

    La crisis de 2008 aumentó la desigualdad en la sociedad española, tanto social –en términos de renta- como territorial con áreas en riesgo de despoblación-. Los nuevos procesos van a impactar en una sociedad que necesita reducir esta desigualdad. Los efectos del cambio climático se hacen sentir especialmente en los sectores y territorios más vulnerables. La digitalización puede ser un nuevo factor de desigualdad si no se tiene en cuenta la brecha que separa a una parte importante de la población que es material, cultural o generacio-nalmente analógica. Es deber de la Administración pública asegurar que haya mecanismos estructurales para que nadie se quede atrás. Luchar contra la desigualdad es asegurar el acceso igualitario a los servicios públicos, al empleo, a la renta y a la Justicia. 

    La pandemia. 

    El COVID-19 ha puesto a la sociedad y a las Administraciones en una situación crítica. Ha mostrado los puntos de mayor vulnerabilidad y sus consecuencias, de nuevo, se han hecho sentir especialmente en los sectores más desprotegidos. Además del impacto sobre la economía, ha cambiado algunos elementos que estructuran la sociedad. El necesario confinamiento para la lucha contra la pandemia ha cambiado la movilidad. La presencia en sedes oficiales pierde peso frente a los modos a distancia y en línea de prestación de los servicios públicos. 

    La urgencia ha obligado a tomar decisiones rápidas: planes de choque, modos no presenciales de trabajo, desarrollos legislativos y adaptaciones presupuestarias. Gran parte de estas políticas tienen vocación de estabilidad y han venido para quedarse. La pandemia acelera la toma de decisiones.

    La transición ecológica y la digitalización son dos realidades incuestionables que están condicio¬nando el presente y van a condicionar el futuro. Obligan a reorientar las políticas públicas y la acción de las Administraciones. La pandemia profundiza los problemas, pero a la vez acelera las soluciones. Fuerza la toma de decisiones. Los recursos que los países europeos hemos destinado a la recuperación van a acelerar mucho el proceso de transformación. Las decisiones de los próxi¬mos años van a definir las estructuras sobre las que se va a desarrollar la sociedad en el futuro. El objetivo es que la sociedad reduzca su actual desigualdad, tenga mayor cohesión social y territorial, unas Administraciones más eficientes orientadas a la ciudadanía, una gobernanza efectiva para retos compartidos y un impacto ambiental muy reducido.

    Estos procesos estructurales se dan en un contexto internacional cambiante. La Unión Europea (UE) estaba liderando la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la digitalización. Ahora lo hace contra la pandemia con un proceso de convergencia interna y de corresponsabilidad entre los países miembros. El fondo Next Generation es el impulso definitivo al liderazgo europeo en la transición ecológica y la digitalización, pero también es un proceso de cohesión interna, de reducción de la desigualdad entre los países y de profundización del Estado de Derecho (Rule of law). Los fondos europeos inciden simultáneamente en la transformación de la economía, la transición ecológica y el impulso del Estado de Derecho. 

    En España este proceso se produce en un país plural con retos comunes. La cogobernanza va a ser la dinámica institucional. Tanto por la pluralidad territorial representada por las comunidades autónomas y los municipios, como por la naturaleza de la nueva agenda que lleva a los departamentos y organis¬mos de diferentes sectores a coincidir en retos comunes. La transición ecológica y la pandemia son problemas que para afrontarse necesitan un cambio en la metáfora de la política pública. Se trata de pasar de la metáfora de la máquina con piezas que engranan para un movimiento constante y repetido, a la del ecosistema con espacios compartidos y en permanente proceso de adaptación a una realidad cambiante. Esta transición implica una lógica competencial menos rígida y una cogobernanza efectiva.

  • Un nuevo contexto

    El punto de partida de Justicia 2030 fue un proceso de consultas que, durante los meses de febrero y marzo de 2020, se hicieron a diferentes sectores: operadores jurídicos, sindicatos, comunidades autónomas y responsables de las diferentes áreas del Ministerio de Justicia, así como a la sociedad civil y otras administraciones. Este primer diagnóstico se mejoró en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y con la valoración del impacto de las medidas de emergencia que se han puesto en marcha para responder a la pandemia. 

    El cambio global tiene efectos concretos en el Servicio Público de Justicia. La digitalización cambia la forma de trabajo y posibilita un salto cualitativo en la Administración de Justicia. Facilita la transformación organizativa y la descentralización de los servicios. Permite una gestión más eficiente a partir de los datos, facilita la asignación dinámica de recursos y el acceso de la ciudadanía a la justicia.

    La experiencia de la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar las relaciones a distancia con la ciudadanía y los operadores jurídicos para prestarles servicios de calidad con plena seguridad jurídica digital. El objetivo no es sólo minimizar las concentraciones de personas en espacios cerrados, sino también evitar desplazamientos y los consiguientes costes asociados -medioambientales, económicos y de tiempo empleado-.

    Por otra parte, es imprescindible mejorar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Justicia, desarrollando sistemas ágiles que permitan la tramitación eficaz y eficiente de los asuntos, empleando herramientas de alta productividad -expedientes electrónicos, automatización-, y haciendo posible el trabajo a distancia.

    Pero la digitalización se implanta en una sociedad que tiene una brecha digital. De acuerdo con el informe La brecha digital en España (UGT, 2019) realizado a partir de fuentes oficiales como el Eurobarómetro de la UE, el Instituto Nacional de Estadística (INE) o el CIS, el 70% de los españoles tienen un nivel básico o menor en su desempeño digital y un 45% de los trabajadores y trabajadoras indica tener dificultades con la informática. Esta brecha se ensancha con la edad – especialmente en las personas de más de 65 años-, la renta – mayor en rentas bajas- y el género –mayor entre las mujeres-. La brecha digital se ha reducido por la urgencia propia de la pandemia y el confinamiento. La ciudadanía, las empresas y las Administraciones públicas han hecho un primer esfuerzo que está teniendo efecto, pero es necesario invertir recursos para disminuir la brecha.

    La transición ecológica afecta a todos las sedes judiciales y administrativas y los procesos de gestión cotidianos de la Administración de Justicia. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que el 74% de la energía que se consuma en 2030 debe ser renovable y alcanzar el 100% en 2050. La Estrategia Española de Economía Circular obliga a reducir un 30% el consumo de recursos materiales y recortar el 15% la generación de residuos para 2030. Son normas impulsadas desde otros departamentos ministeriales que obligan a la Justicia a adaptar sus sedes haciéndolas más eficientes energéticamente, produciendo una parte de su energía de fuentes renovables, reduciendo el uso de papel –impresoras, espacios de almacenamiento- y otros residuos, y conectándola con la movilidad de trabajadores y usuarios que van a acceder con medios de transporte alternativos o van a reducir su movilidad debido al acceso telemático o al teletrabajo. Normas que obligan a que el Servicio Público de Justicia se incorpore estructuralmente al marco de la transición ecológica.

    La formación, siempre necesaria, pasa a ser fundamental. Estamos en un momento de incertidumbre, algo propio de toda transformación. Por esta razón, los operadores públicos y privados requieren espacios de información y formación que les den seguridad. Si los operadores jurídicos sienten seguridad en el proceso de transformación, también lo siente la ciudadanía que es la destinataria final.

    La función de la Justicia es la tutela de los derechos y la resolución de los conflictos. El cambio en la sociedad y la consiguiente transformación traen la lógica conflictividad propia de una crisis económica y de la variación de los hábitos sociales y culturales. La gestión de esa conflictividad debe desembocar en el aumento de la cohesión social. Que nadie se quede atrás y que la resolución de estos conflictos se haga desde el diálogo y el acuerdo entre las partes en conflicto, en lo posible, sin necesidad de acudir a los tribunales. Es función del Servicio Público de Justicia incorporar nuevos instrumentos para la resolución de sus conflictos para salir de la crisis como una sociedad más cohesionada, resiliente y Fortalecer el contrato social. Estos instrumentos propician la participación de la ciudadanía en la Justicia entendida como un todo y permiten a la sociedad contribuir a la mayor eficacia del Servicio Público de Justicia. La solución de controversias a través de métodos alternativos a la vía judicial reduce el volumen de recursos trabados ante Juzgados y Tribunales y el índice de litigiosidad.