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null 2. LENGUAJE ACCESIBLE

2. LENGUAJE ACCESIBLE

El lenguaje jurídico tiene un marco propio generado a lo largo del tiempo. Sin renunciar al rigor técnico, es necesario asegurar una mayor accesibilidad a su comprensión por la ciudadanía. El lenguaje es fuente de cohesión y pluralidad, no puede contribuir a la exclusión y a la consolidación de las desigualdades sociales y territoriales.
Aprovechando el desarrollo digital de los sistemas de gestión procesal y la aplicación de la inteligencia artificial se van a incorporar mejoras que asegurarán un lenguaje accesible.

Claridad del lenguaje jurídico. 

El objetivo es aproximarlo al lenguaje habitual y que la claridad facilite la economía de las palabras. Textos más claros y comprensibles.
•    Lenguaje claro en documentos, comunicaciones y formularios que la Administración de Justicia remite a los ciudadanos. Gran parte de estos documentos son modelos incorporados al expediente judicial que se generan por defecto.
•    Adaptar los términos legales a los usos actuales del lenguaje revisando los arcaísmos.
•    Uso de un lenguaje respetuoso con la ciudadanía, los profesionales y demás actores intervinientes en un proceso judicial.
Este impulso se hará a través de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en colaboración con instituciones como la Real Academia Española (RAE).

Normalización lingüística en la Administración de Justicia. 

Las lenguas cooficiales deben estar presentes en todos los ámbitos de la administración para facilitar el acceso a la ciudadanía en el idioma que decida en el marco de la Constitución. Las recomendaciones del Consejo de Europa para el desarrollo de las lenguas cooficiales en España van en la misma dirección.
El objetivo es facilitar a los operadores jurídicos y a los usuarios que cualquiera de las lenguas oficiales pueda ser utilizada como vehículo en la Administración de Justicia.
La forma de materializarlo es incorporándolo en los modelos de los sistemas de gestión procesal y las herramientas de inteligencia artificial; es decir, que puedan ser lenguas de uso habitual para la ciudadanía que quiera ejercer su derecho de acceso a la Justicia en cualquiera de las lenguas del Estado.
Por último, se van a abordar los problemas de acceso al lenguaje de las personas con discapacidad psíquica, física o sensorial fomentando el lenguaje fácil y el braille. Se desarrolla en el proyecto 7. Accesibilidad de grupos vulnerables.
 

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