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null 1. ACCESO UNIVERSAL

1. ACCESO UNIVERSAL

En momentos de crisis como el que vivimos se requiere un mayor esfuerzo la Administración de Justicia para asegurar el acceso y que ninguna persona pueda verse excluida. 

El acceso va a impulsarse en dos direcciones, fortaleciendo los derechos y asegurando su ejercicio. Estas dos líneas de trabajo se materializan en dos subproyectos: 

1.    Sistema eficiente de Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio para ampliar su ámbito de aplicación e impulsar su calidad.

Este esfuerzo ha de transformarse en mejoras de carácter estructural. Por un lado, incorporar los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como parte del turno de oficio y la justicia gratuita que hasta ahora sólo estaban asociadas al ámbito judicial.

Por otro, implementar un modelo de calidad que mejore la prestación del servicio por parte de los profesionales. Asegurando un sistema de formación, acceso y remuneración adecuado. Un modelo que va a definir un sistema de incentivos que impulsa la calidad. 

Por último, es necesaria la revisión del acceso a la justicia gratuita para las personas jurídicas y la introducción de mecanismos de control para evitar accesos indebidos. La justicia gratuita debe focalizarse en los más vulnerables.

2.    Ley de derecho de defensa. 

El derecho de defensa es un pilar esencial en la configuración de nuestro modelo de Justicia reconocido en el artículo 24 de la Constitución. Abarca el conjunto de garantías y facultades jurídicas que asisten a quien es parte en un proceso judicial, permitiéndole defender de forma efectiva sus intereses legítimos y satisfacer, por tanto, su derecho a la tutela judicial efectiva. Es un instrumento ineludible para evitar la indefensión y garantizar la igualdad real entre las partes del proceso. 

La normativa que delimita su contenido se encuentra dispersa, lo que dificulta su comprensión integral y el ejercicio del derecho. Es necesario abordar la creación de una norma coherente e integral que recoja en un mismo texto legal todos los aspectos que este derecho contempla. Una ley que regula los elementos del Derecho de Defensa que afectan al desempeño profesional de los operadores jurídicos, a la tramitación de los procedimientos y al acceso de los ciudadanos a la Justica. 

El texto ha de abordar un ámbito deontológico, asegurando los límites del ejercicio de la abogacía; procesal, asegurando el derecho a la defensa en todo el proceso judicial; y asistencial, incorporando la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio.

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