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null 7. ACCESIBILIDAD DE GRUPOS VULNERABLES

7. ACCESIBILIDAD DE GRUPOS VULNERABLES

Teniendo en cuenta el contexto y a partir de un análisis de las necesidades y de posible impacto de los cambios se va a actuar inicialmente sobre dos ámbitos.

Accesibilidad y envejecimiento. Casi el 20% de la población española tiene más de 65 años. De ella hay una parte importante que se puede considerar analógica. La digitalización profunda y rápida que se va a producir en la Administración de Justicia puede generar un proceso de exclusión de las personas culturalmente analógicas. Es necesario que se creen instrumentos estructurales para superar esa brecha digital.
Por otro lado, la Justicia ha sido un espacio con poca accesibilidad para las personas mayores que tienden a acudir a ella, aunque lo necesiten. En el mismo sentido hay que poner en marcha mediaciones institucionales y procedimientos adaptados que faciliten su uso.
La Oficina de Justicia en los municipios es un instrumento que va a incorporar parte de las acciones de este proyecto y una puerta de accesibilidad sencilla y permanente para las personas mayores.

Accesibilidad y discapacidad. Para asegurar la accesibilidad a la Justicia se van a desarrollar acciones orientadas a colectivos con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. El 1% de la población española tiene una discapacidad intelectual y estos porcentajes se reflejan en el ámbito judicial. De acuerdo a un estudio reciente realizado por Plena Inclusión al 49% de las personas con discapacidad intelectual que llegaron a prisión, se les detectó la discapacidad en la propia prisión.
Aproximadamente un 3,3% de los casos se detecta durante la vista. Estas personas requieren de acciones específicas que no les impidan el ejercicio de sus derechos por un problema de accesibilidad y comprensión.
Se requieren modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas en el contexto del acceso a la Justicia, cuando se requieran en un caso determinado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás.

Las líneas a desarrollar son:

  • Adaptar el lenguaje jurídico a lectura fácil, braille y lengua de signos.

  • Adaptar las sedes judiciales para asegurar la accesibilidad

  • Impartir formación específica a abogados, procuradores, peritos o graduados sociales para facilitar el acceso a la justicia teniendo en cuenta las barreras que puedan surgir como consecuencia de distintos tipos de discapacidad.

  • Emplear la tecnología para facilitar el acceso tanto a profesionales como a usuarios con diversidad funcional.

  • Profundizar en la función de los facilitadores. Estas personas trabajan, cuando es necesario, con el personal del sistema de Justicia y las personas con discapacidad para asegurar que haya una comunicación eficaz durante los procedimientos. Ayudan a las personas con discapacidad a entender y a tomar decisiones informadas, asegurándose de que las cosas se explican y se hablan de forma que puedan comprenderlas y que se proporcionan los ajustes y el apoyo adecuado. No hablan en nombre de las personas con discapacidad ni del sistema de Justicia, ni dirigen las decisiones.

Este proyecto hay que desarrollarlo en conjunto con las organizaciones del ámbito de la discapacidad. Analizar qué tipo de acciones incorporar en el Servicio Público de Justicia, ya sean formativas o herramientas de gestión.
 

 

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